María Patiño no atraviesa su mejor momentoy este mismo martes quedó demostrado. La colaboradora y presentadora vivía una de sus tardes más complicadas en ‘Sálvame’ tras haber sido acusada de que no devuelven la ropa que le dejan las marcas, algo que ha hecho estallar a la periodista en directo entre lágrimas tras enfrentarse con algunos colaboradores, llegando a abandonar el plató.
Hace tan solo unas horas, ‘La Vanguardia’ ha publicado en exclusiva una información que no beneficia precisamente a la presentadora. Y es que el juzgado de instrucción número 34 de Madrid ha acordado en un auto con fecha del 14 de abril la apertura del juicio oral por un delito de Injuria hechas con publicidad, en relación a las declaraciones de la Patiño en el programa Socialité, donde estaba acusaba a Antonio David de colgar los carteles con la palabra “maltratador”, y asegurando que había visto las imágenes que así lo confirmaban.
Tal y como apunta el citado medio, el juez de instrucción ha fijado como medida cautelar “la prestación de una fianza de 120.000 euros” desde el momento que le llegó la notificación, que fue el día 14 de abril. Por lo que ella tendría hasta el día 15 para abonar esa cantidad. Si en esas 24 horas no hubiese presentado ese aval, el juzgado de lo penal notifica al punto neutro para que se produzca el embargo en cantidad suficiente para atender a esa necesidad.
El tema principal de todo esto fueron las graves acusaciones que vertió María Patiño hace casi un año contra Antonio David a raíz de los famosos carteles de Málaga, asegurando, entre otras cosas, que “hubo un juicio donde fueron a testificar vecinos” y que “había cámaras de seguridad que acreditaron que Antonio David era la persona que colgó esos carteles para señalarlo como un maltratador”.
En un primer momento el padre de Rocío Flores interpone una querella penal y esta se acepta a trámite. Las partes presentan sus respectivas alegaciones. El juzgado ordena unas diligencias y toma declaración a María Patiño (quien solo responde a las preguntas del juez). El juez toma en consideración todas las pruebas que reúne, y el pasado 14 de abril es cuando el juez da por finalizado el proceso de instrucción y pasa a considerar el caso como acusación, de ahí que le pida a colaboradora los 120.000 euros de fianza.
